El despacho que busca tumbar la consulta del Gobierno sobre la opa de BBVA pide cautelarísimas para acelerar la resolución

Su petición se argumenta sobre "la existencia de circunstancias de especial urgencia". En concreto, que el pasado 27 de mayo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, decidió elevar la operación al Consejo de Ministros. Este órgano dispone de treinta días, hasta el 26 de junio, para decidir si añade condiciones adicionales a las ya acordadas por la CNMC. "Derivado de cómo se ha articulado la intervención del ministro en este procedimiento, de la que se deduce la vulneración continuada de los distintos preceptos que ya fueron expuestos en la solicitud de medidas cautelares", señalan los abogados. "Parece que los resultados obtenidos con nulas garantías y carentes de cualquier valor en el marco de la consulta pública recurrida, se han utilizado por el ministerio para decidir sobre su elevación al Consejo de Ministros", continúan, advirtiendo que este proceder "materializa un íter continuado de vulneraciones que encarna una injerencia ilegítima, ajena a la intervención pública, conforme al espectro competencial previsto en la ley".

La Audiencia Nacional admitió este jueves a trámite el recurso contencioso-administrativo que interpuso el despacho Statera Legal y también abrió una pieza separada para estudiar la medida cautelar de impedir al Ejecutivo utilizar la consulta para imponer condiciones adicionales con el objetivo de torpedear la operación. El juzgado daba diez días hábiles al Gobierno para presentar alegaciones pero ante la posibilidad de que el proceso se dilate demasiado en el tiempo, los abogados han optado por pedir las medidas cautelarísimas, que la Justicia tendrá que resolver como muy tarde el jueves de la semana que viene.

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Lo que reclaman es que, de momento, se impida al Consejo de Ministros utilizar los resultados de la consulta pública en la intervención que tiene ahora sobre la mesa. El Ejecutivo dispone hasta finales de junio para decidir cómo modifica las condiciones que previamente ha fijado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En teoría, lo que se apunta que el Gobierno podría hacer es suavizar, mantener o endurecer esas condiciones; no podría vetar la opa pero sí imponer condiciones tan duras que hiciera desistir a BBVA.

Para tomar esa decisión, previsiblemente el Consejo de Ministros tomará en cuenta las opiniones recabadas en la consulta pública. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya ha señalado que ha sido «útil» y que les ha permitido constatar la preocupación social sobre el daño que generaría la operación al interés general.

Statera Legal decidió judicializar la consulta para tratar de frenar su utilización; el objetivo es que sea declarada contraria a Derecho pero mientras el caso se resuelve, reclaman que no pueda basarse en ella el Gobierno de cara a su intervención. Entre los argumentos del recurso destaca que la consulta sería contraria a la Constitución tal como está planteada.

El pasado 8 de mayo, el despacho ya requirió al ministro Cuerpo que cesara en la consulta pero, al no obtener respuesta, pasaron a la Audiencia Nacional. «La trascendencia de los argumentos en los que se fundamenta la ilegalidad de la consulta pone de manifiesto la necesidad de suspender su utilización», indica Statera Legal en su recurso.

El principal de esos argumentos es que la consulta resulta «contraria al principio de igualdad y no discriminación (artículo 14 de la Constitución) pues la formulación de la consulta es diferente en función de si el interesado considera o no que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell». Se refieren a que en la consulta se impide desarrollar argumentos a quienes contestan que no hay razones para intervenir.

En segundo lugar, el recurso pone el foco en los entresijos de la consulta y la falta de rigor de la misma a la hora de identificar a los usuarios, como publicó ABC, lo que puede dar lugar a miles de respuestas falsas, aunque el ministerio señaló que iban a depurar las contestaciones. «El proceso de cumplimentación del formulario de la consulta está ausente de cualquier autenticación de identidad del usuario. Así, se infringe el artículo 9 de Ley del Procedimiento Administrativo Común en relación con lo previsto en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, lo que cobra mayor relevancia considerando que una suplantación a gran escala –como un ataque informático– podría tergiversar líneas de opinión que el Gobierno ha manifestado que va a tener en consideración. Esta cuestión es de especial trascendencia considerando los intereses en la desestabilización de las democracias occidentales por determinados actores ajenos en el contexto geopolítico», destacan.

Asimismo, indican que «el procedimiento seguido no se corresponde con aquel al que se vinculan las preguntas formuladas en la consulta, lo que infringe el artículo 60 Ley de Defensa de la Competencia» y que «la consulta no tiene cabida formal en el ordenamiento jurídico dado que no existe precepto habilitante para realizarla en el procedimiento previsto para la intervención del Consejo de Ministros».

El despacho sostiene que, por todo lo anterior, «podría tener una afectación del interés público ante la utilización de los datos recabados sin ningún rigor y respaldo jurídico, además de haber vulnerado en el proceso el principio de igualdad y no discriminación del artículo 14 de la Constitución, lo que revela la necesidad de impugnarlo en vía jurisdiccional y la suspensión cautelar de la utilización de los resultados de la consulta pública».

En el recurso, el despacho de abogados pone énfasis en que la consulta es «la consumación de una vía de hecho que escenifica un absoluto desprecio del órgano convocante por el respeto a las instituciones, los derechos fundamentales de los ciudadanos implicados y el ordenamiento jurídico administrativo».

Se expone que la actuación del Gobierno, presuntamente vulnerando el principio de igualdad, es «una actuación propia de totalitarismos» que con una participación ciudadana «dirigida, opaca y capciosa» quiere «justificar acciones ilegítimas». En este sentido, reclaman que actúe el «Poder Judicial de forma tajante, impidiendo que el Poder Ejecutivo se prevalezca de la dilación jurisdiccional para consumar su actuación antijurídica».

Asimismo, el despacho califica la posible intervención del Gobierno en base a la consulta pública como «una injerencia ilegítima en el derecho privado, con evidente afectación al derecho fundamental a la libertad de empresa».