Pazguato y fino
Lo que va del extremeño Gallardo a Alfonso Villares
El elefante en la habitación es cuándo situar el momento de exigir responsabilidades
En su último libro, el magistrado del TS Manuel Marchena opina que en España hay un exceso de aforados. Y que eso traslada a la opinión pública una falsa impresión de que nuestra clase política disfruta del privilegio de ser juzgado en primera instancia por una sala y no por el juez predeterminado por la ley, como le ocurriría a cualquier ciudadano. El paso dado por Alfonso Villares dimitiendo no ya antes del juicio, sino con carácter previo a que se inicien las primeras diligencias de instrucción, es el adecuado. Es decir, no va a disfrutar –ni ha disfrutado– en modo alguno de ningún trato diferenciado por ostentar un cargo público.
Venimos de casos distintos. Ahí está Miguel Ángel Gallardo, que se aforó con nocturnidad, alevosía y una prisa inédita en Extremadura no para salvarse él de ser enjuiciado por un juzgado convencional, sino para que su compañero de banquillo, el hermano de Pedro Sánchez, corriera su misma suerte y esquivara la justicia en sus instancias inferiores. Una maniobra que, de tan alambicada y burda, solo podía venir diseñada por los mismos del bulo de la 'bomba lapa'.
El elefante en la habitación es cuándo situar el momento de exigir responsabilidades políticas a una persona que es denunciada. Pensábamos que esto ya lo habíamos resuelto hace unos años, cuando desde un juzgado de Lugo se 'ametralló' a discreción a individuos de todo color que, a la larga, se vieron injustamente encausados, porque aquellas macrocausas fueron castillos en el aire, escándalos ficticios –salvo que un cargo del PSOE en Lugo trincó mordidas–, pero que por el camino se cobraron algunas carreras políticas. Parecía que habíamos extraído enseñanzas sobre cómo obrar con prudencia. A la vista está que no.
Ahora, el reproche que se le lanza a Alfonso Rueda es que no cesó a Villares en el mismo minuto en que conoció la existencia de una denuncia de una mujer por una presunta agresión sexual, allá en febrero. Denuncia que no había pasado de instancias policiales, que no había llegado a la mesa del juez de guardia para iniciar una mínima instrucción, que es lo que va a suceder a partir de ahora.
Si ese fuera el comportamiento exigible de ahora en adelante, algunas cloacas no darían abasto fabricando denuncias para desactivar a adversarios políticos incómodos. Si hay fontaneras que se reúnen para mercadear y obtener material con el que 'matar' a altos cargos de la UCO y desactivar a fiscales, ¿qué les costaría fabricar detritus contra un alcalde, un candidato o el presidente de cualquier gobierno?
Que exista un mínimo filtro parece entrar dentro de lo sensato, de lo lógico. Y que ese punto se fije en el momento en el que el juzgado adopta su primera decisión procesal –algo tan obvio como la comunicación de que está siendo investigado– no debería escandalizar a alguien. Salvo que hayamos entrado en un terreno de sobreactuación por tratarse del supuesto delito que se va a investigar, y que ahí el hiperventilar no solo esté justificado sino que sea la conducta mínima exigible. ¿La naturaleza del delito lo condiciona todo? No gozan de buena salud las presunciones de inocencia últimamente.
Que Rueda y el resto del gobierno gallego quisieran arropar al conselleiro saliente y a su sustituta entrante se circunscribe a algo que va más allá de la política, y que se encardina en las relaciones personales. Aunque en estos tiempos que corren, ¿era necesaria la foto? No presupone su inocencia ni anticipa que la denuncia sea falsa y que la mujer no contase la verdad. Tan solo expresa el deseo de que la resolución sea favorable. Y si no lo fuera, seguramente serán los primeros decepcionados y que condenarán los hechos que recoja una eventual sentencia.
En el plano político vamos a asistir a una cacería encarnizada, a la vista de las primeras reacciones. Con la vehemencia empleada en otros asuntos, no resulta descabellado imaginar que acabemos viendo a la oposición acusando a Rueda de poco menos que contemporizar con la violencia contra las mujeres y proteger a un supuesto agresor sexual. Hay que tener mucho cuidado con aquello que se dice, porque luego puede que un juez te desautorice. No aprendimos nada de Lugo...
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