Inspección de Hacienda sin precedentes a la empresa donde colocaron a Jésica

Otras fuentes de la compañía añaden que los inspectores también han recabado información sobre contratacioneslaborales, obras e I+D. Esta inspección «sin precedentes» comenzó sólo dos meses después de que Jésica Rodríguez declarara como testigo en el Tribunal Supremo en el marco de la causa que investiga a quien fuera su pareja, José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.

Personal del grupo, que incluye a Tragsatec, la filial en la que la joven fue enchufada con un contrato de seis meses como auxiliar administrativa, han mostrado su extrañeza por la intensidad de la inspección. Teniendo en cuenta que se trata de un grupo público, propiedad de la Sepi (Sociedad de Participaciones Industriales), las fuentes consultadas sospechan que el asunto trasciende a lo estrictamente fiscal, pues cualquier irregularidad de este tipo recaería en la misma Administración del Estado que ordenó la inspección.

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De hecho, la propia Sepi depende del Ministerio de Hacienda que encabeza la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, a la sazón también máxima responsable de la Agencia Tributaria, aunque esto no significa, lógicamente, que Hacienda no pueda o no deba inspeccionar a empresas que están bajo su propio paraguas.

«Estamos convencidos de que la inspección llega por haber estado apareciendo en la prensa», sospechan las fuentes consultadas por este diario. La documentación requerida incluye, según fuentes oficiosas de la compañía conocedoras de la inspección, hasta los coches de empresa a disposición de empleados del grupo, que ascienden a «unos 400»: «Han requerido las cartas de asignación de vehículos desde al menos el año 2021». Estas fuentes explican que, debido a los topes de la masa salarial, una forma de ofrecer mejores condiciones ha sido poner coches a disposición de ciertos empleados, que se consideran pagos en especie en una serie de porcentajes sobre los que puede haber discrepancias con la Agencia Tributaria. Los inspectores que están realizando el trabajando han visitado las oficinas de la compañía varias veces. «Requieren documentación y se van», dicen fuentes de la empresa.

Tragsa está en el ojo del huracán desde que se supo que Jésica Rodríguez había sido colocada en la filial Tragsatec, después de haber disfrutado de otro contrato similar en Ineco, empresa también pública pero que no está siendo inspeccionada. Ambas fueron contrataciones para prestar servicios a Adif, el ente público que gestiona las infraestructuras ferroviarias. La joven declaró como testigo en el Tribunal Supremo el pasado 27 de febrero ante el magistrado Leopoldo Puente, que investiga a José Luis Ábalos por su condición de aforado. La que fuera su pareja sentimental reconoció haber cobrado sin trabajar, como apuntaban los mensajes intervenidos que cruzó con Koldo García, el entonces asesor del ministro de Transportes. La intensa inspección de Hacienda se abrió sólo unas semanas después, por lo que las fuentes consultadas relacionan un hecho con el otro.

Estos hechos también supusieron la imputación de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, en este caso en la Audiencia Nacional, donde se inició la operación Delorme, más concoida como el caso Koldo. Pardo de Vera reconoció haber enviado el currículum de Jésica Rodrígez para su contratación en Ineco «presionada» por Ábalos y por Koldo, aunque no en el caso del posterior enchufe en Tragsatec, que también fuerta a cargo de Adif. El contrato de Tragsa con el gestor ferroviario se denomina 'Servicio de asistencia para el apoyo en la gestión presupuestaria, control sistemático de expedientes administrativos y soporte técnico en Adif Alta Velocidad para el periodo 2019-2021' y estaba dotado con 2,4 millones de euros que la compañía pagó a Tragsatec.

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Como desveló ABC, «Adif sólo contrata por oposición, por eso necesitaba este contrato para colocar enchufados como Jésica», en palabras de un directivo de Tragsa. Bien usado, el citado fondo sirve para que el ente realizara contrataciones puntuales para subsanar necesidades temporales, pero la discrecionalidad y falta de controles corrompió el sistema. «Hacíamos de ETT de Adif para colar a gente como Jésica», aseveraron a ABC dos fuentes inconexas de Tragsa.

El 22 de diciembre de 2020 Tragsatec abrió, a petición de Adif, una vacante para diez auxiliares administrativos. Se presentaron cientos de personas de las que unas decenas cumplían los requisitos. Contrataron a dos mujeres -una de ellas modelo profesional- y un hombre. El 1 de febrero de 2021 se procedió a la reapertura de la vacante, pero el anuncio sólo se publicó en la web durante unas horas «para que entraran pocos candidatos y hubiera que descartar a menos», dicen fuentes conocedoras de la mecánica «habitual». Jésica fue avisada y, además, en las bases pusieron «unos requisitos a su medida». La expareja de Ábalos fue dada de alta el 2 de marzo de 2021 y terminó su relación laboral con Tragsatec el 1 septiembre de 2021, pues su contrato era por seis meses y cobraba el salario mínimo interprofesional. Según fuentes de Tragsatec, Jésica no fichaba a diario pero sí hizo -o le hicieron- los partes mensuales donde se reflejan las horas trabajadas, el total sin que conste inicio y fin de cada día.