Los socios exigen a Pedro Sánchez un empujón legislativo antes del verano

La precariedad parlamentaria de Sánchez se evidencia muchas semanas en el Congreso, con negociaciones agónicas y votaciones en riesgo. Incluso empieza a ser habitual que el primer partido de la oposición, el PP, saque adelante iniciativas –aunque sin obligación legal– exhibiendo una mayoría alternativa. Pero, ahora empieza a calar la preocupación de parálisis, de una agenda política atascada y que será difícil desarrollar a tiempo.

Entre las exigencias de los socios gubernamentales está aprobar la norma que pretende limitar los alquileres de temporada, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana –llamada por sus detractores 'ley mordaza'– en la que Bildu consiguió pactar la eliminación de las pelotas de goma como material antidisturbios y rebajar las sanciones por falta de respeto a la autoridad, entre otras cosas; la reducción de la jornada laboral –aprobada en Consejo de Ministros y que algunos grupos ven prioritaria mientras otros como Junts mantienen sus dudas–, la Ley de Industria –aún en trámite de enmiendas–; el plan de regeneración democrática que incluye el polémico registro de medios de comunicación; el reglamento que pondrá en marcha el fondo de ayudas para las víctimas del amianto y que sigue en tramitación; y la iniciativa legislativa popular para regularizar la situación de casi medio millón de inmigrantes.

Esto último se ha acelerado en los últimos días y el PSOE propone que esa regularización se extienda a todas las personas sin papeles que hubieran llegado a España antes del 31 de diciembre de 2024. Está por ver la posición que tomarán PNV y Junts, que han condicionado su apoyo a distintos requisitos. El PP, que respaldó –tras algunas dudas– la admisión a trámite, debe decidir si mantendrá esa postura y secundará la iniciativa final.

Uno de los interlocutores habituales de todos los socios del Gobierno es el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Es el encargado de sondear la situación de los acuerdos y cerrar flecos pendientes. En los últimos días Podemos también le ha trasladado su preocupación al ver enquistadas cuestiones que consideran clave. La vicepresidenta María Jesús Montero tiene el otro papel destacado, no solo por la interlocución que mantiene con algunos grupos, sino porque Hacienda siempre tiene que dar el visto bueno a todo.

En el caso de Bildu y Coalición Canaria, los reproches fueron públicos en la sesión de control del miércoles. La portavoz aberzale en el Congreso, Mertxe Aizpurua, echó en cara a Sánchez que casi ha transcurrido media legislatura y muchas cosas no salen adelante «por la falta de determinación del Gobierno». Los nacionalistas canarios añaden a la lista de deberes la «situación crítica» que atraviesa Correos en las islas después de que decayeran todas las medidas para fortalecer el servicio postal en el primer decreto ómnibus (el de las pensiones) y que no han sido aún recuperadas.

A la espera de la financiación 'singular'

Las grandes cesiones a ERC esta legislatura pasan por la financiación 'singular', el cupo catalán, y la quita de deuda. Ambas, a la espera.

Bildu, pendiente de la Ley de Seguridad Ciudadana

El Gobierno cedió ante Bildu para reformar la conocida como 'ley mordaza', pero sigue parada por las posiciones cruzadas de distintos socios.

Una relación ahora desde Bilbao

El PNV, con Aitor Esteban ahora como líder orgánico del partido, quiere que se aceleren las transferencias de comparecencias al País Vasco.

Podemos, exigente

El partido de Ione Belarra está en posiciones de máximos: desde romper toda relación con Israel hasta expropiar viviendas de empresas estadounidenses.

Además, el hecho de que esta semana no se haya celebrado pleno el jueves (tampoco lo habrá la próxima semana) es otro síntoma de esa parálisis. Los jueves son los días dedicados a los proyectos de ley que impulsa el Gobierno o a la convalidación de sus decretos leyes. Si la agenda está vacía, es porque el Ejecutivo no tiene nada que llevar al Parlamento.

A la dificultad de sacar leyes adelante se suma el debate internacional permanente, que gira en torno al aumento del gasto militar, al que la mayoría de aliados del Gobierno se opone. No es una cuestión baladí porque eso puede condicionar todo. Sánchez ha prometido que no habrá recortes ni tocará el gasto social, pero está por ver cómo se concretan los compromisos internacionales tras la cumbre de la OTAN en La Haya del mes de junio. El objetivo del Gobierno pasa por flexibilizar el calendario de cumplimiento. Ahora mismo todo apunta a que los países tendrán que llegar al 5% de su PIB en 2032 (sería un 3,5% en gasto armamentístico puro y otro 1,5% enfocado a otros gastos de seguridad).

Es un debate que tensiona al socio minoritario de la coalición y al resto de grupos que apoyan al socialista. El ejemplo más reciente fue esta semana con el embargo de armas a Israel aprobado por el Congreso y que 24 horas después la ministra Margarita Robles empezó a descafeinar. La euforia de algunos grupos se apagó cuando la titular de Defensa reconoció que cumplir con ese embargo en términos reales es inviable del todo.

Aunque en esta semana de reproches conjuntos también Junts se ha sumado a la agenda de los socios, recriminando al Gobierno los nulos avances en materia de vivienda, la realidad es que las exigencias de los independentistas tienen un carril propio y miran a la amnistía, a la espera de lo que diga el Tribunal Constitucional; y a la oficialidad del catalán en la Unión Europea, que este martes puede vivir un debate definitivo en Bruselas.

Sigue pendiente la proposición de ley que delega competencias en inmigración a Cataluña y el control de las fronteras, y que no tiene nada fácil prosperar porque otros grupos la rechazan. En este contexto, el presidente ha puesto toda la carne en el asador con la lengua catalana. De ahí los movimientos del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, mientras el PP trata de neutralizar la ofensiva y Junts mantiene la presión en máximos: antes de verano quiere ver cumplidos los acuerdos.