Las seis principales consecuencias legales de que un menor actúe como un hacker
Un experto en ciberseguridad explica las señales que pueden hacer sospechar de que un niño o adolescente tiene conductas delictivas en internet
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Aunque no hay una cifra exacta, Marc Rivero, Lead Security Researcher de Kaspersky, asegura que parece que cada vez más jóvenes se interesan por la ciberseguridad, aunque no siempre con fines maliciosos. «De hecho, la palabra hacker no siempre tiene una connotación negativa: el término original hacker se refiere a una persona con grandes conocimientos en informática y tecnología, capaz de resolver problemas complejos mediante la creatividad y la innovación. A lo largo del tiempo, el concepto se ha popularizado en los medios como sinónimo de ciberdelincuente, pero no es correcto.
¿Por qué a tan corta edad se dejan seducir por la idea de realizar delitos digitales, o es que desconocen lo que están haciendo?
Internet proporciona acceso fácil a herramientas de hacking y foros donde pueden aprender técnicas avanzadas sin comprender en muchas ocasiones que están infringiendo la ley. Además, algunas redes criminales manipulan a los menores, haciéndoles creer que están simplemente probando sistemas de seguridad, cuando en realidad están cometiendo delitos. La falta de educación en ciberética y las ganas de experimentar pueden llevarlos a cruzar la línea sin ser plenamente conscientes del daño que pueden causar.
¿Qué motivos tienen para hacerlo?
Las motivaciones son diversas. A esta edad, muchos chicos lo hacen por curiosidad o desafío intelectual, queriendo poner a prueba sus habilidades. Otros buscan reconocimiento en comunidades de hackers, mientras que algunos ven en esto una oportunidad económica, ya sea vendiendo datos robados o participando en ciberataques organizados. También hay quienes lo hacen por ideología o hacktivismo, queriendo exponer vulnerabilidades en gobiernos o empresas. En algunos casos, los menores son reclutados por grupos criminales que los utilizan como herramienta para sus operaciones ilícitas.
Es normal que los padres desconozcan lo que hacen sus hijos a través de las pantallas, pero, ¿hay algunas señales que les puedan hacer sospechar?
Una encuesta que realizamos en Kaspersky entre 1.000 padres y madres en España reveló que el 47% de los menores en nuestro país tiene su primer contacto con dispositivos conectados a Internet antes de cumplir los 7 años. Además, casi la mitad (44%) de los padres reconoció no supervisar siempre el uso que sus hijos menores hacen de Internet. En este contexto, es importante prestar atención a las señales que puedan hacer sospechar que los niños puedan estar siendo partícipes de determinadas actividades.
Algunos signos incluyen un interés excesivo por la informática y la ciberseguridad sin formación previa, el uso frecuente de VPNs o software de anonimato, el acceso a foros o grupos de hacking, cambios en sus hábitos de sueño por actividad nocturna en la red o la posesión de múltiples dispositivos. También es preocupante si el menor empieza a recibir dinero sin una fuente clara de ingresos o si se muestra evasivo cuando se le pregunta sobre sus actividades en Internet.
¿Qué medidas pueden tomar los organismos para evitar que este tipo de accesos no autorizados se produzcan?
Las instituciones deben adoptar medidas de seguridad avanzada, como la autenticación multifactor (MFA) para proteger accesos, la segmentación de redes para limitar el alcance de una intrusión y el monitoreo en tiempo real con herramientas de detección de amenazas (EDR/XDR). También es clave la formación del personal en ciberseguridad para reducir el riesgo de ataques por ingeniería social. Además, es fundamental contar con partners de ciberseguridad de confianza y realizar auditorías periódicas y mejorar las infraestructuras digitales.
¿Cómo pueden los jóvenes con talento en ciberseguridad desarrollar sus habilidades de forma ética y constructiva, en lugar de caer en la ciberdelincuencia?
Los jóvenes con talento en ciberseguridad tienen diversas oportunidades para desarrollar sus habilidades de manera legal y constructiva. Pueden especializarse en este campo a través de certificaciones reconocidas o participar en competiciones de hacking ético, como Capture The Flag, donde pueden poner a prueba sus conocimientos en un entorno seguro y regulado. Además, la industria de la ciberseguridad está en constante crecimiento y demanda cada vez más expertos, lo que les permite acceder a carreras bien remuneradas y con un gran futuro.
¿Hacen falta más campañas de comunicación en los colegios para advertir de los peligros de actuar de forma ilícita a través de internet?
La encuesta que realizamos en Kaspersky entre más de 1000 padres y madres en España revelaba que solo un 36% de los menores habrían recibido varias formaciones sobre ciberseguridad en sus centros educativos. En este sentido, un 54,5% de los padres y madres encuestados por Kaspersky opinaba que debería haber más clases en los colegios enfocadas en el uso responsable de Internet desde edades tempranas.
La educación en ciberseguridad es esencial para que, desde edades tempranas, la sociedad comprenda los riesgos y las consecuencias legales de sus acciones en Internet. Muchas veces, los menores ven el hacking como un simple reto sin dimensionar el impacto que puede tener en su futuro. Por ello, es fundamental incluir programas de concienciación en los colegios que expliquen la importancia del uso responsable y seguro de la tecnología. La prevención a través de la educación es la mejor herramienta para luchar contra la ciberdelincuencia juvenil.
¿Qué consecuencias legales conllevan este tipo de delitos digitales?
Según el despacho de abogados Letslaw:
Las sanciones que se pueden imponer a los menores, según el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, incluyen:
1. Alejamiento o prohibición de comunicarse con la víctima.
2. Prestación de servicios a la comunidad, que puede ser de hasta 100 horas y, en casos excepcionales, ampliarse a 200 horas.
3. Libertad vigilada, con seguimiento de la actividad del menor y supervisión de su asistencia a la escuela, formación profesional o lugar de trabajo.
4. Imposición de reglas de conducta, con una duración de hasta dos años, ampliables en función del comportamiento.
5. Privación de libertad en fines de semana, que puede implicar la reclusión del menor en un centro o su domicilio durante hasta ocho fines de semana, con posibilidad de ampliarse a dieciséis.
6. Internamiento en régimen cerrado o semiabierto durante un período de hasta dos años, ampliable según la gravedad del delito.
MÁS INFORMACIÓN
En los casos más graves, el juez de menores, a solicitud del Ministerio Fiscal, puede imponer medidas cautelares como la libertad vigilada, el internamiento o el alejamiento, incluso antes de que se celebre el juicio, conforme al artículo 28 de la misma ley.
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