El Congreso citará a Atrys a comparecer por el escándalo de las presiones a oncólogos

Atrys deberá explicar las malas prácticas que denuncian oncólogos de referencia y que fueron destapadas por ABC en marzo. El objetivo de esas prácticas sería ahorrar costes a las aseguradoras privadas que contratan a esta empresa para que gestione su oncología -DKV, Asisa, Sanitas, Adeslas, IMQ y Allianz-.

A micrófono abierto, Santos mostró su indignación por esas supuestas prácticas y su rotunda decisión de actuar para erradicarlas. «Francamente, es intolerable, es tan intolerable que no lo vamos a aceptar y ya les puedo adelantar que en septiembre la comisión abordará este tema y veremos a ver cómo se puede cortar de raíz estos procesos que degradan nuestro sistema de atención», subrayó en la inauguración de la jornada «Cáncer, cuestión de Estado» organizada por GEPAC y celebradas ayer en el Congreso.

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Ana Sánchez

La convocatoria llenó la Sala Ernest Lluch, la de mayor aforo del Cámara Baja, sobre todo con pacientes, aunque también asistieron varios oncológos y algunos parlamentarios pero sufrió dos ausencias destacadas: el Ministerio de Sanidad y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

La ministra de Sanidad, Mónica García, había sido invitada a clausurar las jornadas pero dejó su presencia pendiente de confirmar hasta la misma mañana de ayer cuando su Departamento comunicó que no asistiría por tener que viajar a Ginebra para participar en la asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) -convocada hace varios meses-. Ningún otro cargo del Ministerio ocupó su lugar. SEOM, por su parte, había confirmado la participación de su vicepresidente, Javier de Castro Carpeño, para «realizar una valoración de las carencias estructurales que afectan al acceso a tratamientos oncológicos». Sin embargo, su silla también quedó vacía.

Fuentes de esta Sociedad señalaron a ABC que De Castro tuvo «un problema de salud urgente y le intervinieron de urgencia el miércoles». «Con tan poco margen ha sido imposible», señalaron las mismas fuentes, ante la pregunta de si no era posible que otro cargo de SEOM sustituyera al vicepresidente para evitar ese vacío tan destacado. Tras publicar ABC las denuncias que oncólogos de referencia vierten contra Atrys, la Sociedad Española de Oncología Médica decidió abrir una investigación y su presidente, el doctor César Rodríguez, confirmó al día siguiente que no siempre el oncólogo tiene la última palabra en las prescripciones y que hay tratamientos que están siendo denegados. Desde entonces, SEOM no ha querido dar más información sobre la marcha de la investigación y tampoco contesta a las preguntas que se le hacen al respecto.

Con este trasfondo, el presidente de la Comisión de Sanidad reiteró su contundencia. «Necesitamos que todo el mundo tenga acceso a los últimos tratamientos. Necesitamos aclarar ese problema que nos ha aparecido en el sector privado», reclamó. «Hay presiones sobre los oncólogos al parecer y eso tiene que ser resuelto y tiene que ser esclarecido. No podemos permitir que haya diferencias entre el sector público y el sector privado», añadió, antes de insistir en que «esto es una cuestión que tenemos que solventar, y en un tiempo de plazo razonable, para que no mine el sistema y la credibilidad de todo el sistema».

La jornada sirvió para someter a juicio y veredicto la situación de los pacientes con cáncer en España, y que los enfermos elevaran el escándalo de las presiones al Congreso. Allí, Begoña Barragán leyó un manifiesto pidiendo medidas para poner fin cuanto antes a las posibles malas prácticas y lanzó una campaña pública de recogida de firmas que confió en que sea «masiva» y permita blindar los derechos de los pacientes.

«Exigimos con rotundidad: libertad de prescripción, rigor clínico, profesionalidad y acceso a tratamientos adecuados, seguros, eficaces y personalizados, porque la salud es un derecho fundamental, sea cual sea el modelo, el sistema o el lugar, y no admite interferencias, ni demoras, ni recortes. Exigimos transparencia total en los procesos de autorización y acceso a los tratamientos», reclamó. Barragán no hizo alusiones directas a Atrys Bienzobas pero esta empresa fue la única denunciada por los oncólogos. «Cuando quien cuida impone límites por razones financieras, la salud y la vida del paciente quedan en peligro. Y esto es inaceptable», añadió.